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En 2026, el umbral de entrada del capital chino en Europa ha aumentado claramente. Ninguno de los instrumentos que lo han elevado cierra el mercado. Sin embargo, todos aumentan el listón que el inversor debe superar.

El 2 de octubre de 2026 vence el plazo para que la Comisión Europea se pronuncie sobre la adquisición de la empresa alemana Ceconomy, propietaria de las cadenas MediaMarkt y Saturn, por parte de la china JD.com. La operación, valorada en unos 2.500 millones de dólares, es la primera investigación en profundidad de una concentración con un comprador chino realizada al amparo del Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras (FSR). La Comisión abrió el procedimiento el 28 de mayo. En julio, según Reuters, presentó objeciones formales y, el 20 de agosto, JD.com propuso medidas correctoras cuyo contenido no se ha hecho público.

Ese mismo calendario tiene una segunda lectura. El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, anunció que quiere obtener «resultados tangibles» antes de octubre mediante el nuevo mecanismo de consultas comerciales y de inversión con China. Las dos vías, la política y la de aplicación normativa, confluirán por tanto en el mismo mes y mostrarán conjuntamente dónde se sitúa en la práctica el nuevo umbral de entrada.

Para las empresas y sus asesores, este marco resulta más útil que el habitual titular mediático de «la UE contra China». Europa no se está cerrando al capital chino. Está cambiando lo que un inversor debe demostrar para poder acceder al mercado.

Las cifras avanzan en dirección contraria al relato

La inversión extranjera directa china en Europa alcanzó los 16.800 millones de euros en 2025, un 67 % más que el año anterior y el nivel más alto desde 2018, según el análisis anual de Rhodium Group y MERICS. El estudio define «Europa» como la UE-27 más el Reino Unido. Europa concentró cerca de una cuarta parte de la inversión directa china a escala mundial, frente al 17 % del año anterior.

Ambas vías crecieron. Las fusiones y adquisiciones alcanzaron los 7.900 millones de euros, un 89 % más, mientras que las inversiones greenfield llegaron a 8.900 millones, un 51 % más, y marcaron un récord, impulsadas principalmente por las fábricas de celdas para vehículos eléctricos. El sector de la automoción representó 7.600 millones de euros, el 45 % del total, y el 93 % de esa cantidad estuvo relacionado con la cadena de suministro del vehículo eléctrico. Hungría siguió siendo el principal destino, con 3.900 millones de euros, por delante de Alemania, con 2.500 millones, y Francia, con 1.900 millones. La participación de las dos mayores economías de la UE aumentó de manera significativa.

Sin embargo, hay un indicador que modera esta imagen optimista y merece especial atención: el valor de los nuevos proyectos anunciados cayó hasta 5.200 millones de euros, frente a los 16.900 millones de 2023. El volumen récord ejecutado en 2025 corresponde, en gran medida, a decisiones adoptadas anteriormente. El flujo de nuevas decisiones es más reducido y será precisamente este el que se encuentre ahora con las nuevas condiciones de entrada.

El mecanismo de consultas: diálogo, no distensión

El 29 de junio de 2026, en Bruselas, el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, y Šefčovič anunciaron la puesta en marcha de un mecanismo de consultas comerciales y de inversión. Abarca cuatro ámbitos: el equilibrio comercial y de inversión, los controles de exportación, la propiedad intelectual y la reforma de la OMC. A ello se añade un mecanismo conjunto de seguimiento de los flujos comerciales basado en el intercambio de datos. La siguiente reunión ministerial está prevista para el otoño de 2026, esta vez en China.

Durante la reunión de junio, ambas partes intercambiaron listas de problemas relacionados con el acceso al mercado. Es un detalle procedimental importante: el mecanismo tiene una orientación transaccional y trabaja sobre cuestiones concretas, no sobre declaraciones generales. Šefčovič habló expresamente de «comenzar a reequilibrar la relación comercial», mientras que Wang Wentao pidió contener la escalada.

Lo que el mecanismo no hace es suspender ninguno de los instrumentos de la UE. Los procedimientos en virtud del FSR continúan y el control de las inversiones se endurece de forma independiente. Las consultas son un canal para gestionar la fricción, no para eliminarla. Una empresa que interprete la apertura de junio como una señal de deshielo y estructure una operación conforme a las reglas anteriores estará leyendo mal el mercado.

Las tres capas del nuevo umbral

Subvenciones. El FSR se aplica desde 2023, pero 2026 ha mostrado por primera vez cómo funciona en la práctica frente a un comprador chino. En el caso de JD.com, la Comisión analiza la financiación preferente, las ventajas fiscales, las subvenciones y otras contribuciones financieras recibidas durante los tres años anteriores al anuncio de la operación. Las objeciones se centran en dos mecanismos: la liberación de recursos que pudo mejorar la posición del comprador y desalentar ofertas competidoras, y el refuerzo de las capacidades aportadas a la entidad resultante de la concentración. Esto significa que la evaluación no se limita al precio. También examina el historial de financiación de la sociedad matriz.

Control de inversiones. El Parlamento Europeo adoptó el 19 de mayo, y el Consejo el 8 de junio, el Reglamento (UE) 2026/1386, que revisa el régimen de control de las inversiones extranjeras directas. El Reglamento se publicó el 26 de junio, entró en vigor el 16 de julio de 2026 y será aplicable con carácter general a partir del 17 de enero de 2028. El cambio es cualitativo. Los 27 Estados miembros deberán aplicar mecanismos de control que cubran un ámbito mínimo común de sectores y tecnologías sensibles. Entre ellos figuran los productos de doble uso y las tecnologías de defensa, los semiconductores, las tecnologías cuánticas, determinadas aplicaciones de inteligencia artificial, las materias primas críticas, las infraestructuras críticas de transporte, energía y servicios digitales, determinados componentes de la infraestructura financiera y los sistemas electorales.

El Reglamento también cierra la denominada laguna Xella. Incluye las inversiones realizadas por sociedades de la UE que estén controladas en última instancia por un inversor de fuera de la Unión. En su dictamen, la Comisión puede proponer medidas de mitigación, como cambios en la estructura de gobierno, limitaciones de los derechos de voto, restricciones al acceso a tecnologías o la obligación de almacenar determinados datos en la UE. Sin embargo, la decisión final y sus posibles condiciones corresponden al Estado miembro. Antes del 17 de enero de 2028, los Estados miembros deberán adaptar sus mecanismos de control al estándar mínimo común de la UE. Esto significa que el periodo de transición ya está en marcha.

La respuesta china. El 13 de abril de 2026 entró en vigor el Reglamento n.º 835 del Consejo de Estado chino, destinado a contrarrestar la aplicación indebida de jurisdicción extraterritorial por parte de Estados extranjeros. El instrumento faculta al Ministerio de Justicia para emitir órdenes que prohíban a entidades y personas cumplir determinadas medidas extranjeras. El incumplimiento puede dar lugar a restricciones en la contratación pública, las importaciones y exportaciones o las transferencias de datos, así como a sanciones económicas y a la inclusión en una «lista de entidades de mala fe».

El instrumento no se ha quedado sobre el papel. En mayo, los ministerios chinos lo aplicaron al procedimiento FSR relativo a Nuctech. El 19 de agosto hicieron lo mismo en el caso de JD.com, al considerar que las actuaciones de investigación transfronterizas de la Comisión constituían un ejercicio ilícito de jurisdicción extraterritorial y prohibir la cooperación con ellas. Pekín pidió a la UE que «corrigiera sus prácticas erróneas» y anunció nuevas medidas.

La pinza regulatoria

De este conjunto de medidas se desprende la consecuencia más práctica del año. Una empresa china que participe en una operación en Europa puede encontrarse hoy entre la obligación de entregar documentación financiera a la Comisión y una prohibición china de facilitarla. Ambas normas son vinculantes. Ambas prevén sanciones. Ninguna contempla una excepción motivada por la existencia de la otra.

No se trata de un riesgo político que pueda resumirse en una diapositiva sobre el entorno regulatorio. Es un riesgo operativo que afecta al calendario, a la estructura de la operación y al contenido del contrato. Cambia la manera de redactar las cláusulas de cooperación regulatoria, las condiciones suspensivas y el reparto de los costes derivados de un procedimiento prolongado. También cambia la forma de asignar, por parte del vendedor, el riesgo de que el comprador quiera responder, pero no tenga la posibilidad jurídica de hacerlo.

Conviene señalar que JD.com no se retiró de la operación. Presentó compromisos. Es un comportamiento empresarial, no político, y refleja bien la dirección que está tomando toda esta categoría de inversiones: el coste de entrada aumenta, pero la entrada sigue siendo posible.

Qué ha cambiado realmente para los asesores

La entrada de capital chino en el mercado europeo ha dejado de ser una cuestión de derecho societario acompañada de un análisis de competencia. Se ha convertido en un proceso con varias vías paralelas, en el que el recorrido más largo ya no viene determinado por el derecho de la competencia, sino por la verificación del historial de financiación y la clasificación sectorial.

En la práctica, esto implica varias cosas. El análisis de las subvenciones recibidas durante los tres años anteriores debe comenzar antes de la firma y no después de la notificación. La documentación financiera de la sociedad matriz china suele estar distribuida entre distintos niveles administrativos que el equipo europeo no conoce. La clasificación sectorial exige revisar la nueva lista obligatoria, no solo las normas vigentes del régimen nacional, porque la diferencia entre ambos marcos desaparecerá durante la vida de muchas operaciones que se están negociando actualmente. Estructurar la inversión a través de una sociedad de la UE ya no permite excluir automáticamente la operación del control cuando el control último corresponde a un inversor de fuera de la Unión. Además, el riesgo derivado del conflicto entre jurisdicciones debe valorarse y asignarse contractualmente, en lugar de asumir que no llegará a materializarse.

Una buena documentación no garantiza la autorización, pero su ausencia convierte cada vez con mayor facilidad una operación en un procedimiento largo y costoso.

La reunión ministerial de otoño y la decisión de octubre sobre Ceconomy ofrecerán la primera indicación real de dónde se ha situado el nuevo umbral. Hasta entonces, resulta más prudente asumir que es más alto de lo que sugeriría la práctica anterior.


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